México gana arbitraje internacional por disputa de parquímetros en la capital
Tras cuatro años de litigio, el Estado mexicano obtuvo un fallo favorable en un arbitraje internacional por un conflicto de parquímetros, evitando un pago millonario y recuperando recursos.
El Estado mexicano resultó victorioso en un complejo proceso de arbitraje internacional derivado de una disputa por la operación de parquímetros en la Ciudad de México. El litigio, que se prolongó durante cuatro años, concluyó tras la resolución de un tribunal arbitral que desestimó las reclamaciones interpuestas contra el país, permitiendo que el gobierno reciba una compensación superior al millón de dólares por costos procesales.
El conflicto tuvo su origen en la terminación anticipada de contratos y concesiones relacionadas con la gestión de espacios de estacionamiento en vía pública dentro de la capital. La empresa demandante alegaba violaciones a tratados internacionales de inversión, solicitando indemnizaciones que ascendían a cifras superiores a los 600 millones de pesos. Durante este periodo, la Secretaría de Relaciones Exteriores coordinó la estrategia de defensa legal para proteger el erario público.
La resolución del tribunal internacional confirmó que el actuar de las autoridades mexicanas se ajustó a derecho y a los marcos contractuales vigentes en su momento. Con este fallo, se pone fin a una de las controversias legales más prolongadas que enfrentaba la administración pública respecto a servicios concesionados de movilidad urbana. La decisión es definitiva y no admite recursos ulteriores que pudieran revertir el sentido del dictamen.
El equipo jurídico que representó a México destacó que la sentencia sienta un precedente importante para futuros casos donde se cuestionen las decisiones del Estado sobre la administración de bienes públicos. Los recursos obtenidos tras la victoria legal serán integrados a la hacienda pública, cumpliendo con los protocolos de transparencia y rendición de cuentas establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El cierre de este expediente permite al gobierno capitalino continuar con la regulación de sus políticas de tránsito sin la presión de una deuda contingente.
